Cartagena y amianto: derechos de las víctimas

Sesión informativa en Cartagena (Murica) sobre los drechos de las víctimas del amianto

El próximo día 14 de marzo, el equipo de abogadas de Colectivo Ronda ofrecerá una sesión informativa gratuita en colaboración con la asociación APENA dirigida al conjunto de la población de Cartagena para explicar qué consecuencias puede tener la exposición al amianto y cómo ejercer nuestros derechos.

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DÍA: 14 de marzo de 2019
HORA: 17.30h
LUGAR: UNED Cartagena (calle Ing. De la Cierva, 28)
Con la participación de:
 
Marta Barrera, Raquel Lafuente y Esther Costa – abogadas de Colectivo Ronda
Ricardo Torregrosa – presidente de la Asociaciación de Perjudicados y Afectados por Enfermedades Producidas por el Amianto (APENA)

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Según los cifras reveladas por los estudios del doctor López Abente, experto en oncología y salud ambiental del Instituto de Salud Carlos III, la Comunidad de Murcia registró entre los años 2000 y 2015 un total de 169 casos de mesotelioma o cáncer de pleura, una enfermedad mortal cuya única causa conocida es la inhalación de fibras de amianto. Con todo, una cifra que tan solo ofrece apenas una pincelada de la verdadera dimensión del problema de salud pública que deriva de la presencia de numerosas e importantes industrias que han hecho un uso intensivo de este mineral ubicadas en la zona de Cartagena como Repsol o, especialmente, Navantia. En primer lugar, porque existe una situación endémica de infradiagnóstico de esta patología en el conjunto de España que permite imaginar que la cifra real de afectados es sensiblemente superior y en segundo lugar, porque el mesotelioma no es en absoluto la única de las enfermedades potencialmente mortíferas que provoca la inhalación del asbesto. Entre las patologías que pueden tener origen en la exposición al amianto estan también el cáncer de pulmón o, después de ser reconocidas por primera vez en sendas sentencias conseguidas por Colectivo Ronda, el cáncer de laringe y de esófago, además de la asbestosis.

La cifra de 169 víctimas refiere en exclusiva a los casos registrados de mesotelioma, pero si contemplamos el conjunto de patologías que tienen causa en el amianto, los datos hablan de más de 400 casos. Un cálculo forzosamente incompleto si tenemos en cuenta que, según denuncia de los responsables de APENA, empresas como REPSOL no colaboran con las autoridades laborales y sanitarias a la hora de facilitar, por ejemplo, listados completos de los trabajadores que han podido estar expuestos al amianto en sus puestos de trabajo. Una actitud que ha sido recogida por la propia Fiscalía después de que Inspección de Trabajo constatara en octubre de 2018 que el amianto seguía presente en la refinería de Escombreras y que ha dado paso a una denuncia contra la multinacional por la posible comisión de los delitos de lesiones y homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Así, mientras la Comunidad de Murcia considera que los trabajadores expuestos al mineral podrían ser algo más de 3000, desde APENA se eleva este número hasta superar los 8000, la mayoría sin estar sometidos a controles adecuados de vigilancia de la salud y en los casos de incapacidad permanente o defunción, sin haber accedido ni a las prestaciones ni a las compensaciones económicas que les corresponderían -tanto a las propias víctimas como a sus familias- en su condición de afectados por enfermedades de origen profesional.

Para Marta Barrera, abogada de Colectivo Ronda experta en la defensa de trabajadores afectados por el amianto, la situación que se vive en Cartagena «es un auténtico drama que, a pesar de la reciente intervención de Fiscalía, permanece oculto a todos los niveles: clínico, judicial, administrativo y mediático». En su opinión, la ciudad murciana constituye el epicentro de un gravísimo problema de salud «como consecuencia de la confluencia en el espacio de importantes industrias pertenecientes a sectores que han hecho un uso muy intensivo durante décadas del amianto. En este sentido, sin lugar a dudas, Navantia es el principal foco de afectación».

Cartagena y la industria naviera

La literatura científica internacional hace década que señala el enorme riesgo de exposición incontrolada que afecta a los empleados de la industria naviera que desarrollan sus funciones en dársenas y astilleros, en contacto con unos buques repletos de elementos fabricados con amianto o que contienen este elemento entre sus componentes. Y es, precisamente, la actividad de construcción y reparación de navíos uno de los verdaderos pilares económicos de la ciudad a través de la presencia en sus intalaciones portuarias de la empresa pública Navantia, heredera de las antiguas Izar y Bazán, en la que a lo largo del tiempo han trabajado miles de cartageneros.
Según recoge el Atlas municipal del Cáncer en España, las otras ciudades que acogen los centros operativos de Navantia -Ferrol y Cádiz- muestran unos índices de prevalencia de las patologías causadas por el amianto que solo admiten comparación possible con ciudades como Getafe en Madrid o Cerdanyola, en Barcelona, donde se ubicaron las principales fábricas de la empresa URALITA, uno de los mayores productores mundiales de productos derivados del amianto. Y Cartagena no supone ninguna excepción a esta situación generalizada que vincula la industria naval con el amianto y su trágico rastro de muerte y enfermedad.

«En Cartagena no existe una menor incidencia de la afectación por amianto procedente de Navantia y la industria naviera respecto a Cádiz o Ferrol -explica la abogada- pero en cambio, resulta súmamente llamativa el bajísimo índice de reconocimiento de incapacidades por enfermedad profesional y prestaciones de viduedad así como las pocas sentencias dicatadas por los juzgados de la ciudad admitiendo a responsabilidad de la empresa sobre estas enfermedades y defunciones. A día de hoy, en Galicia se han celebrado ya 161 juicios por esta causa relativos a las instalaciones de Ferrol mientras que en Cartagena, apenas son 19. Y ello a pesar de que la dimensión de ambos centros no es tan dispar. Però la estadística dice que en Galicia se ha interpuesto una demanda por cada 11 trabajadores empleados en Navantia mientras que en Cartagena tan solo existe una reclamación cada 60 trabajadores, sin que exista ninguna causa objetiva para ello».

Esther Costa es también abogada de Colectivo Ronda, en su caso especialista en las denominadas víctimas domésticas -afectadas por el hecho de convivir con personas en contacto con el amianto en su ámbito laboral- y ambientales - afectadas por el hecho de vivir o tabajar en un punto cercano a los lugares donde se utilizaba el material-. De hecho, Costa forma parte del equpo de Colectivo Ronda que obtuvo la primera sentencia dictada en España que responsabilizó a la empresa URALITA por las patologías de un grupo de vecinos de la ciudad catalana de Cerdanyola. Para Costa, la situación que se da en Cartagena resulta de muy difícil explicación. «No tan solo estamos frente a ínfimas cifras de diagnóstico y reconocimiento de enfermedades causadas por el amianto entre los empleados de Navantia, Repsol y otras empresas locales como Enfersa o la antigua Valeo. Igual de grave es que se está ignorando completamente al colectivo de víctimas ambientales y, sobre todo, domésticas».

De los 169 casos registrados de mesotelioma entre los años 2000 y 2015 que mencionábamos al inicio, 44 corresponden a mujeres. En su immensa mayoría, esposas y familiares de empleados de estas industrias que se han visto expuestas al amianto en su propio hogar, a través de las fibras que impregnaban la ropa de trabajo de sus esposos y familiares. «De estos 44 casos documentados -analiza Costa- ni uno solo de ellos ha sido objeto de reclamación a pesar de que la jurisprudencia al respecto es muy sólida, incluidas numerosas sentencias del Tribunal Supremo. Eran las empresas quienes estaban obligadas por ley a hacerse cargo de la limpieza de esta ropa contaminada para evitar, precisamente, que el amianto pudiera llegar a las casas de los empleados y poner en riesgo a toda su família y esta obligación se incumplió sistemáticamente. Sistemática y en el caso de Cartagena, impunemente. Todas estas mujeres son víctimas también y las empresas son responsables de sus enfermedades y defunciones. Tanto las que han padecido mesotelioma como las otras muchas que no aparecen en la estadística oficial como víctimas del amianto por no padecer una enfermedad tan evidentemente vinculada al amianto como puede ser el cáncer de pulmón».

El oscuro túnel del tiempo

«En España, hace décadas que luchamos en los tribunales para conseguir que las víctimas del amianto obtengan el reconocimiento, las prestaciones y las indemnizaciones que les corresponden a ellos y a sus familias. En este tiempo, se ha pasado de la impunidad más absoluta a acumular uno de los corpus jurisprudenciales más sólidos del mundo entero. Ya nadie niega que el amianto es nocivo, que la exposición de los trabajadores se hizo vulnerando las normativas vigentes desde los años 40 en materia de prevención y salud laboral, que el asbesto es causante de un amplio número de cánceres y que corresponde a las empresas compensar el daño causado. Sin embargo, acercarse a la situación que se vive en Cartagena es como viajar a través de una máquina del tiempo hacia los días más oscuros del principio de la lucha contra el amianto. Los cartageneros y las cartageneras no merecen el trato que se les está dispensando. En Murcia, únicamente APENA está luchando por toda esa gente que padece y la que padecerá en el futuro, pues estas enfermedades pueden tardar hasta 40 años en manifestarse. Lo que aquí se vive no tiene parangón con la situación de ninguna de las otras ciudades españolas que han vivido expuestas al amianto, la indefensión y la falta de reconocimiento son cuasi absolutas. Se ha condenado a los cartageneros a ser ciudadanos de segunda o de tercera».

Sesión informativa en Cartagena (Murica) sobre los drechos de las víctimas del amianto

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DÍA: 14 de marzo de 2019
HORA: 17.30h
LUGAR: UNED Cartagena (calle Ing. De la Cierva, 28)
Con la participación de:
 
Marta Barrera, Raquel Lafuente y Esther Costa – abogadas de Colectivo Ronda
Ricardo Torregrosa – presidente de la Asociaciación de Perjudicados y Afectados por Enfermedades Producidas por el Amianto (APENA)

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Según los cifras reveladas por los estudios del doctor López Abente, experto en oncología y salud ambiental del Instituto de Salud Carlos III, la Comunidad de Murcia registró entre los años 2000 y 2015 un total de 169 casos de mesotelioma o cáncer de pleura, una enfermedad mortal cuya única causa conocida es la inhalación de fibras de amianto. Con todo, una cifra que tan solo ofrece apenas una pincelada de la verdadera dimensión del problema de salud pública que deriva de la presencia de numerosas e importantes industrias que han hecho un uso intensivo de este mineral ubicadas en la zona de Cartagena como Repsol o, especialmente, Navantia. En primer lugar, porque existe una situación endémica de infradiagnóstico de esta patología en el conjunto de España que permite imaginar que la cifra real de afectados es sensiblemente superior y en segundo lugar, porque el mesotelioma no es en absoluto la única de las enfermedades potencialmente mortíferas que provoca la inhalación del asbesto. Entre las patologías que pueden tener origen en la exposición al amianto estan también el cáncer de pulmón o, después de ser reconocidas por primera vez en sendas sentencias conseguidas por Colectivo Ronda, el cáncer de laringe y de esófago, además de la asbestosis.

La cifra de 169 víctimas refiere en exclusiva a los casos registrados de mesotelioma, pero si contemplamos el conjunto de patologías que tienen causa en el amianto, los datos hablan de más de 400 casos. Un cálculo forzosamente incompleto si tenemos en cuenta que, según denuncia de los responsables de APENA, empresas como REPSOL no colaboran con las autoridades laborales y sanitarias a la hora de facilitar, por ejemplo, listados completos de los trabajadores que han podido estar expuestos al amianto en sus puestos de trabajo. Una actitud que ha sido recogida por la propia Fiscalía después de que Inspección de Trabajo constatara en octubre de 2018 que el amianto seguía presente en la refinería de Escombreras y que ha dado paso a una denuncia contra la multinacional por la posible comisión de los delitos de lesiones y homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Así, mientras la Comunidad de Murcia considera que los trabajadores expuestos al mineral podrían ser algo más de 3000, desde APENA se eleva este número hasta superar los 8000, la mayoría sin estar sometidos a controles adecuados de vigilancia de la salud y en los casos de incapacidad permanente o defunción, sin haber accedido ni a las prestaciones ni a las compensaciones económicas que les corresponderían -tanto a las propias víctimas como a sus familias- en su condición de afectados por enfermedades de origen profesional.

Para Marta Barrera, abogada de Colectivo Ronda experta en la defensa de trabajadores afectados por el amianto, la situación que se vive en Cartagena «es un auténtico drama que, a pesar de la reciente intervención de Fiscalía, permanece oculto a todos los niveles: clínico, judicial, administrativo y mediático». En su opinión, la ciudad murciana constituye el epicentro de un gravísimo problema de salud «como consecuencia de la confluencia en el espacio de importantes industrias pertenecientes a sectores que han hecho un uso muy intensivo durante décadas del amianto. En este sentido, sin lugar a dudas, Navantia es el principal foco de afectación».

Cartagena y la industria naviera

La literatura científica internacional hace década que señala el enorme riesgo de exposición incontrolada que afecta a los empleados de la industria naviera que desarrollan sus funciones en dársenas y astilleros, en contacto con unos buques repletos de elementos fabricados con amianto o que contienen este elemento entre sus componentes. Y es, precisamente, la actividad de construcción y reparación de navíos uno de los verdaderos pilares económicos de la ciudad a través de la presencia en sus intalaciones portuarias de la empresa pública Navantia, heredera de las antiguas Izar y Bazán, en la que a lo largo del tiempo han trabajado miles de cartageneros.
Según recoge el Atlas municipal del Cáncer en España, las otras ciudades que acogen los centros operativos de Navantia -Ferrol y Cádiz- muestran unos índices de prevalencia de las patologías causadas por el amianto que solo admiten comparación possible con ciudades como Getafe en Madrid o Cerdanyola, en Barcelona, donde se ubicaron las principales fábricas de la empresa URALITA, uno de los mayores productores mundiales de productos derivados del amianto. Y Cartagena no supone ninguna excepción a esta situación generalizada que vincula la industria naval con el amianto y su trágico rastro de muerte y enfermedad.

«En Cartagena no existe una menor incidencia de la afectación por amianto procedente de Navantia y la industria naviera respecto a Cádiz o Ferrol -explica la abogada- pero en cambio, resulta súmamente llamativa el bajísimo índice de reconocimiento de incapacidades por enfermedad profesional y prestaciones de viduedad así como las pocas sentencias dicatadas por los juzgados de la ciudad admitiendo a responsabilidad de la empresa sobre estas enfermedades y defunciones. A día de hoy, en Galicia se han celebrado ya 161 juicios por esta causa relativos a las instalaciones de Ferrol mientras que en Cartagena, apenas son 19. Y ello a pesar de que la dimensión de ambos centros no es tan dispar. Però la estadística dice que en Galicia se ha interpuesto una demanda por cada 11 trabajadores empleados en Navantia mientras que en Cartagena tan solo existe una reclamación cada 60 trabajadores, sin que exista ninguna causa objetiva para ello».

Esther Costa es también abogada de Colectivo Ronda, en su caso especialista en las denominadas víctimas domésticas -afectadas por el hecho de convivir con personas en contacto con el amianto en su ámbito laboral- y ambientales - afectadas por el hecho de vivir o tabajar en un punto cercano a los lugares donde se utilizaba el material-. De hecho, Costa forma parte del equpo de Colectivo Ronda que obtuvo la primera sentencia dictada en España que responsabilizó a la empresa URALITA por las patologías de un grupo de vecinos de la ciudad catalana de Cerdanyola. Para Costa, la situación que se da en Cartagena resulta de muy difícil explicación. «No tan solo estamos frente a ínfimas cifras de diagnóstico y reconocimiento de enfermedades causadas por el amianto entre los empleados de Navantia, Repsol y otras empresas locales como Enfersa o la antigua Valeo. Igual de grave es que se está ignorando completamente al colectivo de víctimas ambientales y, sobre todo, domésticas».

De los 169 casos registrados de mesotelioma entre los años 2000 y 2015 que mencionábamos al inicio, 44 corresponden a mujeres. En su immensa mayoría, esposas y familiares de empleados de estas industrias que se han visto expuestas al amianto en su propio hogar, a través de las fibras que impregnaban la ropa de trabajo de sus esposos y familiares. «De estos 44 casos documentados -analiza Costa- ni uno solo de ellos ha sido objeto de reclamación a pesar de que la jurisprudencia al respecto es muy sólida, incluidas numerosas sentencias del Tribunal Supremo. Eran las empresas quienes estaban obligadas por ley a hacerse cargo de la limpieza de esta ropa contaminada para evitar, precisamente, que el amianto pudiera llegar a las casas de los empleados y poner en riesgo a toda su família y esta obligación se incumplió sistemáticamente. Sistemática y en el caso de Cartagena, impunemente. Todas estas mujeres son víctimas también y las empresas son responsables de sus enfermedades y defunciones. Tanto las que han padecido mesotelioma como las otras muchas que no aparecen en la estadística oficial como víctimas del amianto por no padecer una enfermedad tan evidentemente vinculada al amianto como puede ser el cáncer de pulmón».

El oscuro túnel del tiempo

«En España, hace décadas que luchamos en los tribunales para conseguir que las víctimas del amianto obtengan el reconocimiento, las prestaciones y las indemnizaciones que les corresponden a ellos y a sus familias. En este tiempo, se ha pasado de la impunidad más absoluta a acumular uno de los corpus jurisprudenciales más sólidos del mundo entero. Ya nadie niega que el amianto es nocivo, que la exposición de los trabajadores se hizo vulnerando las normativas vigentes desde los años 40 en materia de prevención y salud laboral, que el asbesto es causante de un amplio número de cánceres y que corresponde a las empresas compensar el daño causado. Sin embargo, acercarse a la situación que se vive en Cartagena es como viajar a través de una máquina del tiempo hacia los días más oscuros del principio de la lucha contra el amianto. Los cartageneros y las cartageneras no merecen el trato que se les está dispensando. En Murcia, únicamente APENA está luchando por toda esa gente que padece y la que padecerá en el futuro, pues estas enfermedades pueden tardar hasta 40 años en manifestarse. Lo que aquí se vive no tiene parangón con la situación de ninguna de las otras ciudades españolas que han vivido expuestas al amianto, la indefensión y la falta de reconocimiento son cuasi absolutas. Se ha condenado a los cartageneros a ser ciudadanos de segunda o de tercera».